“Debemos incentivar el turismo interno”

“Clara es la importancia del turismo para nuestra ciudad desde un punto de vista económico y social, ya que genera empleo, crecimiento, inversiones en infraestructura, mejoramiento de calidad y preocupación por la sustentabilidad de los recursos naturales.
En sintonía con esa convicción, creo que Mar del Plata se beneficiaría mucho si el Estado Nacional aplicara herramientas de política fiscal para incentivar el turismo interno.
Algunas de estas medidas vienen siendo reclamadas desde hace largo tiempo por el propio sector, como podría ser la de convertir a los gastos propios de este turismo en un concepto deducible del Impuesto a las Ganancias de las Personas Físicas.
O sea, los gastos en alojamiento, gastronomía, esparcimiento, alquiler de sombra, actividades culturales, etc, que realizan los argentinos en los destinos turísticos nacionales podrían deducirse del impuesto a pagar, lo que sería un fuerte incentivo para importantes sectores de la población a la hora de elegir dónde vacacionar.
Si bien toda desgravación tiene un costo fiscal, la aplicación de esta herramienta traería aparejados beneficios:

- Para el sector turístico: por el incentivo al turismo dentro del país
- Para el turista: al poder realizar una deducción impositiva... pagaría menos.
- Para el Fisco: promueve el pedido de factura por parte del turista.

Pienso que cuando el círculo es virtuoso, todos los sectores ganan...

LA PROHIBICION DE LOS AVISOS CON OFERTA SEXUAL

Es importante que la Presidente de la Nación, en persona, se haya ocupado de un tema sobre el que muchos vecinos e instituciones de nuestra ciudad nos hemos manifestado desde hace más de 4 años. Aunque por supuesto, lo ideal hubiera sido que dicha disposición y todos sus considerandos, surgieran del tratamiento de los varios proyectos de ley que distintas legisladoras presentaron al respecto y donde han opinado instituciones comprometidas con el tema, en lugar de hacerlo desde un solitario decreto.

La norma es clara: “quedan prohibidos los avisos que promuevan la oferta sexual, o hagan referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, con el objeto de prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de formas de discriminación hacia las mujeres”.

El mensaje político también es fuerte. Ahora resta ver si el Gobierno, y todos aquellos con una cuota de responsabilidad y poder, están dispuestos a ir a fondo contra la facilitación y la promoción de la prostitución, con voluntad, coordinación de políticas públicas y legislación complementaria.

De ser así, pronto avanzaremos en legislación que prohíba la pornografía que se mete en nuestras casas desde la televisión, en cualquier horario; así como a los mensajes de texto o vía internet con los que se ofertan similares actividades; o la exhibición que hacen los quioscos en la vía pública de imágenes pornográficas, sin que el transeúnte pueda hacer valer su derecho a no ver lo que preferiría evitar. Quizá hasta se avance en sanciones al cliente, siempre fuera del debate, como si no fuera un eslabón fundamental de las cadenas de prostitución y de trata.

De no ser así, sólo será una tibia respuesta al duro informe que elaboró Naciones Unidas acerca de la situación de la trata de personas en nuestro país que dice, básicamente, que Argentina no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la misma, mencionando la detección de indicios de “complicidad oficial” en su expansión.

Licitación de Playa Grande: La forma y el fondo

Los balnearios de Playa Grande han sido un tema principal de la agenda del Intendente Pulti y su Partido, desde los inicios de su gestión. Tal es así que uno de los primeros conflictos se generó en el intento de convocar rápidamente a licitación, obviando las cláusulas de prórroga de los contratos preexistentes.

Y cuando se analiza el proceso que comienza con los pliegos de Bases y Condiciones, continúa con la evaluación de ofertas y culmina (o no) con la adjudicación de las unidades fiscales a los oferentes ganadores, se detectan situaciones al menos curiosas.
Una podría ser la eliminación como causal de inhabilidad para participar de la licitación, a quienes se encuentren inhibidos, en tanto se mantiene, razonablemente, la causal para quienes sean deudores morosos impositivos o previsionalmente. Obviamente la primer situación es bastante más gravosa para cualquier oferente, ya que le impide disponer de sus bienes.
Otra podría ser el cambio en la metodología de apertura de sobres, sin esperar a validar el primero de ellos (reunir los requisitos para ser oferta válida) antes de abrir el segundo (que contiene la oferta en sí).
En las unidades que aún están en etapa de evaluación, hubo un intento de poner en duda la reconocida idoneidad y el profesionalismo de la Comisión Evaluadora, cuando solicita información de los entes de contralor para clarificar personería y situación fiscal de una de las empresas oferentes. Información de la que surgió que hubo, al menos, una empresa con dos números de CUIT.
Un párrafo especial merece la propuesta mediática realizada por el Presidente del HCD, Arq. Artime, al momento de elevarse al Cuerpo las ofertas únicas, quien manifestó que en ese caso se debería volver a llamar a licitación, ya que “esto aseguraría que otros oferentes, que en su momento no tuvieron confianza en la licitación o no pensaban en un proceso tan transparente, pudieran mejorar el nivel de inversión”. O sea, en un solo párrafo, contradijo al Intendente quien entendía que dichas ofertas eran válidas y convenientes, puso en dudo la transparencia del llamado y generó un grado de incertidumbre al proponer que una unidad fiscal pueda ser licitada varias veces.
Por eso hablo de la forma y al fondo, ya que en los actos públicos, donde se administran bienes de toda la comunidad, los cumplimientos formales son esenciales. Esto hace a la seguridad jurídica y a la igualdad de trato para todos los oferentes, o sea, al fondo de la cuestión.